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Tema 7 · Bloque I

Test 1 · Transparencia y buen gobierno

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

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1. El art. 38 de la L 19/2013 establece que «aprobar el anteproyecto de presupuesto» es función de:

2. El art. 24 de la L 19/2013 nos expone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación. Según dicha Ley la reclamación se interpondrá en el plazo de:

3. A tenor del art. 3 de la Ley 19/2013, las disposiciones del Capítulo II (Publicidad activa) del Título I son aplicables a las entidades privadas que perciban durante un año ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo:

4. El art. 38 de la Ley 19/2013 establece que promover la elaboración de borradores de recomendaciones y de directrices y normas de desarrollo de buenas prácticas en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es función de:

5. El art. 30 de la Ley 19/2013 regula que los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen, salvo que ya hubiesen cesado, y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un periodo de entre:

6. Según el art. 26 de la Ley 19/2013, ¿cuál de los siguientes constituye un principio general de buen gobierno?

7. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo:

8. En relación con la solicitud de acceso a la información, conforme al artículo 17 de la Ley 19/2013, es INCORRECTO que:

9. A tenor del artículo 40 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno elevará:

10. A tenor del artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, dicha ley tiene por objeto (señale la respuesta INCORRECTA):

11. Conforme al artículo 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ¿se aplica el Título I de dicha ley a las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social?

12. El artículo 5 de la Ley 19/2013 establece que determinadas entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural podrán cumplir las obligaciones de publicidad activa mediante los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones percibidas, siempre que su presupuesto sea inferior a:

13. Según el artículo 6 de la Ley 19/2013, en el ámbito de la Administración General del Estado, la evaluación del cumplimiento de los planes y programas anuales y plurianuales corresponde a:

14. El artículo 13 de la Ley 19/2013 define los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, como:

15. Respecto a la solicitud de acceso a la información, conforme al artículo 17 de la Ley 19/2013, es INCORRECTO que:

16. El art. 4 de la Ley 19/2013 establece que las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, organismo o entidad a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título I:

17. Según el art. 8 de la Ley 19/2013, la publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse:

18. Conforme al art. 38 de la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde específicamente al Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

19. El art. 18 de la Ley 19/2013 establece que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes (señale la respuesta INCORRECTA):

20. El art. 20 de la Ley 19/2013 establece que la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo máximo de un mes. No obstante, cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante, este plazo podrá ampliarse:

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